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El delegado de Medio Ambiente reconoce que la Junta estudia soluciones más coercitivas ante los repetidos incumplimientos de la empresa Disflit desde que se la dio permisos en 2002
Una enorme mancha negra se extiende sobre unos 98.000 metros cuadrados entre la zona del El Quiñón de Seseña y el término madrileño de Valdemoro. Se trata de un vertedero de neumáticos que continúa presente en la zona tras casi una década de reiterados incumplimientos de las normativas medioambientales, desde que se le otorgó una Declaración de Impacto Ambiental favorable el año 2002. Sin ir más lejos, el pasado mes de marzo la Consejería de Medio Ambiente sancionaba de nuevo con 100.000 euros a la empresa gestora, la madrileña Disflit, con la que ya son al menos 300.000 los que acumula por parte del Gobierno regional. A esto hay que sumar otros 150.000 euros con los que la instalación ha sido sancionada por el Ayuntamiento de Seseña.
Aunque esta instalación contó con los correspondientes permisos urbanísticos y medioambientales como planta de recuperación de neumáticos, sus responsables se han pasado por el arco del triunfo tanto la Declaración de Impacto Ambiental a la que está sometida como distintas normativas regionales como las leyes de impacto medioambiental y de residuos.
Así lo ha dictaminado la Administración regional. Tras una primera sanción el 23 de septiembre de 2004, por valor de 60.000 euros, llegaba otra de 150.000 euros al año siguiente. La consejera de Medio Ambiente de aquella época, Rosario Arévalo, afirmó en aquel entonces que la empresa Disflit incumplía la Ley de Impacto Medioambiental al no tratar y revalorizar los neumáticos que almacenaba al aire libre. Por ello, calificaba los hechos como una «infracción muy grave», y además prohibía la entrada de más ruedas usadas en las instalaciones.
En la tercera sanción, la del año pasado, el motivo es el incumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental a la que está sometido el vertedero. Entre otras deficiencias, la sanción cita que se haga la actividad de almacenaje junto a una línea eléctrica, y la falta de una pantalla vegetal que aísle el depósito de su entorno.
Por su parte, el delegado provincial de Medio Ambiente e Industria, Tomás Villarrubia, confirma que se está instruyendo un cuarto expediente por falta muy grave a la Ley de Residuos, que puede concluir en otra falta muy grave con una sanción máxima de 300.000 euros.
Aparte, están las multas coercitivas con que Medio Ambiente recuerda al gestor del vertedero su situación irregular. Estas consisten en la acumulación cada tres meses de una multa de 3.000 euros.
Por su parte, la Concejalía de Medio Ambiente de Seseña también ha dictado en este tiempo una sanción de 150.000 euros. Su responsable, Mario Hernández, afirma que «no hemos dejado de trabajar en este asunto», en colaboración con la Junta y otras entidades como el Seprona de la Guardia Civil.
Recursos y maniobras dilatorias.
Entonces, ¿cómo es posible que este problema continúe actualmente? El delegado Villarrubia reconoce que el responsable de Disflit utiliza todos los recovecos legales para detener las sanciones, incluso utilizar su avanzada edad para eludir una condena por la situación del vertedero dictada por un juzgado de Illescas. Desde alegaciones de insolvencia a recursos contra las sanciones, el gestor ha recurrido a todas las tretas legales para frenar en este tiempo a la Administración.
Aún así, Villarrubia reconoce que la Junta ya estudia medidas más coercitivas al no cumplir el responsable de Disflit sus reiteradas promesas de adaptarse a la normativa hechas en numerosas reuniones. Una posibilidad sería intervenir en el vertedero para que la propia Administración asegure el tratamiento debido de estos residuos, aunque advierte que «no podemos olvidar que hablamos de una propiedad privada, y estamos obligados a seguir escrupulosamente la ley incluso en este caso».
Por de pronto, la Junta ha puesto los hechos en conocimiento de la Comunidad de Madrid, al afectar también a su territorio, y sí ha tomado medidas de control. La fundamental ha sido evitar la entrada de más neumáticos con una vigilancia estricta del agente medioambiental de la zona. Además, el operativo contraincendios que todos los veranos pone en marcha la Junta cuenta con un equipo específico en el área, prevenido ante el riesgo de un siniestro en el lugar.
Por el momento, el gestor del vertedero sí está dando salida a los neumáticos almacenados, aunque en una pequeña cuantía. Son unos 70.000 neumáticos anuales, que según parece destina a la exportación a países del Tercer Mundo.
Fuente: La Tribuna de Toledo
Una enorme mancha negra se extiende sobre unos 98.000 metros cuadrados entre la zona del El Quiñón de Seseña y el término madrileño de Valdemoro. Se trata de un vertedero de neumáticos que continúa presente en la zona tras casi una década de reiterados incumplimientos de las normativas medioambientales, desde que se le otorgó una Declaración de Impacto Ambiental favorable el año 2002. Sin ir más lejos, el pasado mes de marzo la Consejería de Medio Ambiente sancionaba de nuevo con 100.000 euros a la empresa gestora, la madrileña Disflit, con la que ya son al menos 300.000 los que acumula por parte del Gobierno regional. A esto hay que sumar otros 150.000 euros con los que la instalación ha sido sancionada por el Ayuntamiento de Seseña.
Aunque esta instalación contó con los correspondientes permisos urbanísticos y medioambientales como planta de recuperación de neumáticos, sus responsables se han pasado por el arco del triunfo tanto la Declaración de Impacto Ambiental a la que está sometida como distintas normativas regionales como las leyes de impacto medioambiental y de residuos.
Así lo ha dictaminado la Administración regional. Tras una primera sanción el 23 de septiembre de 2004, por valor de 60.000 euros, llegaba otra de 150.000 euros al año siguiente. La consejera de Medio Ambiente de aquella época, Rosario Arévalo, afirmó en aquel entonces que la empresa Disflit incumplía la Ley de Impacto Medioambiental al no tratar y revalorizar los neumáticos que almacenaba al aire libre. Por ello, calificaba los hechos como una «infracción muy grave», y además prohibía la entrada de más ruedas usadas en las instalaciones.
En la tercera sanción, la del año pasado, el motivo es el incumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental a la que está sometido el vertedero. Entre otras deficiencias, la sanción cita que se haga la actividad de almacenaje junto a una línea eléctrica, y la falta de una pantalla vegetal que aísle el depósito de su entorno.
Por su parte, el delegado provincial de Medio Ambiente e Industria, Tomás Villarrubia, confirma que se está instruyendo un cuarto expediente por falta muy grave a la Ley de Residuos, que puede concluir en otra falta muy grave con una sanción máxima de 300.000 euros.
Aparte, están las multas coercitivas con que Medio Ambiente recuerda al gestor del vertedero su situación irregular. Estas consisten en la acumulación cada tres meses de una multa de 3.000 euros.
Por su parte, la Concejalía de Medio Ambiente de Seseña también ha dictado en este tiempo una sanción de 150.000 euros. Su responsable, Mario Hernández, afirma que «no hemos dejado de trabajar en este asunto», en colaboración con la Junta y otras entidades como el Seprona de la Guardia Civil.
Recursos y maniobras dilatorias.
Entonces, ¿cómo es posible que este problema continúe actualmente? El delegado Villarrubia reconoce que el responsable de Disflit utiliza todos los recovecos legales para detener las sanciones, incluso utilizar su avanzada edad para eludir una condena por la situación del vertedero dictada por un juzgado de Illescas. Desde alegaciones de insolvencia a recursos contra las sanciones, el gestor ha recurrido a todas las tretas legales para frenar en este tiempo a la Administración.
Aún así, Villarrubia reconoce que la Junta ya estudia medidas más coercitivas al no cumplir el responsable de Disflit sus reiteradas promesas de adaptarse a la normativa hechas en numerosas reuniones. Una posibilidad sería intervenir en el vertedero para que la propia Administración asegure el tratamiento debido de estos residuos, aunque advierte que «no podemos olvidar que hablamos de una propiedad privada, y estamos obligados a seguir escrupulosamente la ley incluso en este caso».
Por de pronto, la Junta ha puesto los hechos en conocimiento de la Comunidad de Madrid, al afectar también a su territorio, y sí ha tomado medidas de control. La fundamental ha sido evitar la entrada de más neumáticos con una vigilancia estricta del agente medioambiental de la zona. Además, el operativo contraincendios que todos los veranos pone en marcha la Junta cuenta con un equipo específico en el área, prevenido ante el riesgo de un siniestro en el lugar.
Por el momento, el gestor del vertedero sí está dando salida a los neumáticos almacenados, aunque en una pequeña cuantía. Son unos 70.000 neumáticos anuales, que según parece destina a la exportación a países del Tercer Mundo.
Fuente: La Tribuna de Toledo
